Empresarios proponen a Milei y a la UIA una reforma laboral para reducir litigios y costos de las ART

En un esfuerzo por optimizar la competitividad de la industria argentina y mitigar los elevados costos asociados a la litigiosidad laboral, la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) presentó al Gobierno de Javier Milei y a la Unión Industrial Argentina (UIA) una propuesta de reforma laboral centrada en la reconfiguración de los criterios para evaluar incapacidades laborales. El documento, titulado “Propuesta de reforma de normativa sobre incapacidades”, elaborado con el respaldo del Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica bajo la dirección de Gastón Utrera (foto inferior), busca transformar el sistema actual de la Ley de Riesgos del Trabajo para disminuir las altas alícuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y poner fin a la llamada “industria del juicio” derivada de enfermedades o accidentes laborales.

Un análisis exhaustivo realizado por el Centro, mediante un algoritmo que examinó 1.325 fallos judiciales del fuero laboral de Córdoba entre 2017 y 2021, reveló que el 5,1% de los casos relacionados con ART involucraban la “Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales”, con un pico del 8% en 2020. Esta tabla, conocida como baremo, es el núcleo del problema, ya que establece rangos en lugar de valores fijos para determinar los porcentajes de incapacidad, lo que genera interpretaciones subjetivas y fomenta demandas judiciales para obtener compensaciones más altas dentro de dichos rangos. "La raíz del problema radica en que esta tabla define los porcentajes de incapacidad mediante rangos en lugar de valores fijos", señala el informe, destacando cómo esta ambigüedad incentiva la litigiosidad.

Para abordar esta problemática, la reforma propone una serie de medidas concretas destinadas a garantizar criterios objetivos y reducir la discrecionalidad. Entre ellas, se encuentra la creación de un Comité Técnico Permanente de Evaluación de Incapacidades Laborales, que operará bajo el Ministerio de Capital Humano. Este organismo, compuesto por cuatro representantes de sociedades médicas y científicas, dos de universidades públicas especializadas en medicina del trabajo, un miembro de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y otro del Ministerio, tendrá la responsabilidad de elaborar un nuevo baremo basado en criterios técnico-científicos, clínicos, funcionales y anatómicos. "Será el único órgano competente para proponer criterios técnico-científicos para el baremo, el cual deberá contemplar valores fijos, sin rangos, y establecer criterios clínicos, funcionales y anatómicos expresos para cada lesión o patología", detalla la propuesta. Este comité dispondrá de un plazo de 12 meses para presentar al Poder Ejecutivo Nacional un nuevo baremo validado.

El objetivo principal de la reforma es eliminar la litigiosidad derivada de la ambigüedad en la determinación de incapacidades, promoviendo un sistema de compensaciones claro y predecible. "Se busca que esta cobertura sea objetiva, sin múltiples interpretaciones, y que contribuya a la reducción de costos para las empresas y a la mejora de la competitividad, sin afectar los derechos fundamentales de los trabajadores a estar adecuadamente cubiertos ante incapacidades", subraya el documento. Al reemplazar los rangos por valores fijos, se espera reducir significativamente las demandas judiciales, lo que a su vez permitirá disminuir las alícuotas de las ART, aliviando los costos operativos de las empresas.

Beneficios

La iniciativa también incluye la derogación de las normas que asignan al Comité Consultivo Permanente la elaboración del listado de enfermedades profesionales y las tablas de incapacidades, transfiriendo estas funciones al nuevo Comité Técnico Permanente. Este cambio busca garantizar que las evaluaciones se realicen con un enfoque científico y objetivo, alineado con las necesidades de la industria y la estabilidad macroeconómica. Según la CIMCC, esta transformación no solo fortalecerá la competitividad global de las empresas argentinas, sino que también contribuirá a evitar nuevas devaluaciones al reducir los costos asociados a la litigiosidad laboral.

Con esta propuesta, la CIMCC aspira a sentar las bases para un sistema laboral más equitativo y eficiente, que beneficie tanto a las empresas como a los trabajadores, promoviendo un entorno productivo más estable y predecible. La reforma, de ser implementada, podría marcar un hito en la modernización de las normativas laborales argentinas, alineándolas con los desafíos de la economía global.